La democracia tras las reformas económicas en América Latina

Publicado en Papeles de Economía Española, 81: 219-241, 1999.

Las políticas autonómicas de salarios sociales o de rentas mínimas de inserción forman un conjunto de programas de contenidos similares cuya implantación se produjo de forma concatenada y que se han ubicado como componentes residuales del sistema de protección social. A pesar de que en conjunto, las rentas mínimas no suponen un porcentaje importante del gasto social y que su cobertura no es muy significativa, su posición estratégica como último mecanismo de protección y su origen como iniciativa innovadora de las Comunidades Autónomas lo hace especialmente atractivo para conocer los diferentes aspectos del sistema de protección. El trabajo que se presenta recoge los resultados de un estudio de los procesos de implantación de estos programas. Se ha pretendido examinar cómo fue su desarrollo y cómo se formularon los problemas y los programas hasta el momento de su puesta en marcha. De forma más específica se han recogido las cuestiones que se plantearon, los actores que tomaron parte y sus interacciones en estos procesos de elaboración de programas de rentas mínimas.

El diseño de la investigación ha procurado dar cuenta tanto del conjunto del proceso como de su diversidad y de su adaptación a los diferentes contextos autonómicos, por lo que la investigación ha constado de dos fases. La primera de ellas se ha dedicado al análisis conjunto de las Comunidades Autónomas y la segunda a dos análisis de caso (País Vasco y Madrid) seleccionados tanto por su grado de desarrollo, por el tipo de programa y por los datos disponibles sobre los mismos.

Para la reconstrucción de los procesos que tuvieron lugar y las interpretaciones de los actores implicados en ellos, se ha recurrido a entrevistas semiestructuradas a informantes clave y diversas fuentes documentales (dossieres, informes, evaluaciones o artículos que explican y analizan el proceso).

Se intentan estudiar las condicionantes y consecuencias políticas de las reformas estructurales. En general, cabe afirmar que el régimen político y las instituciones y leyes electorales explican en escasa medida las diferentes consecuencias políticas de la crisis económica y de la necesidad de introducir reformas estructurales. Algo similar se podría decir del grado de institucionalización del sistema de partidos: las consecuencias negativas de esta baja institucionalización son distintas en función de las coyunturas y de las propuestas partidarias. La variable principal a la que conduce el análisis es la estructura y acción de los propios partidos políticos. El tipo de relación que mantienen con los ciudadanos (agregación de preferencias o intercambio particularizado), la rigidez de sus anclajes sociales, la densidad y coherencia de su organización, la capacidad de renovación y/o aprendizaje de su liderazgo.

Contra lo que podría haberse esperado, el crecimiento de la pobreza y de las desigualdades en América Latina a consecuencia de las reformas económicas no ha provocado la quiebra de las democracias ni situaciones de ingobernabilidad. Los actuales problemas de la democracia en América Latina, en cambio, surgen de una crisis de la representación política, que en parte es consecuencia de la historia previa de los partidos como mecanismos de intercambio particularista, y en parte de su dificultad para adaptarse a las demandas sociales en la nueva situación económica.